Los recortes obligan a muchos facultativos a "completar la nomina".
La consejería abona un plus de exclusividad de 750 euros al mes.
El Servicio Andaluz de
Salud (SAS) ha abierto expediente en los dos últimos años a 253 médicos en
toda Andalucía por simultanear su trabajo en la sanidad pública con la
privada, sin haber solicitado la autorización para ello y cobrando el plus
de exclusividad, que ronda los 750 euros brutos mensuales.
Fuentes del SAS
detallaron a EL MUNDO que, de media, las sanciones impuestas a los médicos que
se han resuelto en los últimos años son de dos meses de separación del
puesto por una falta grave.
En 2013, el SAS abrió
215 expedientes a facultativos por incumplimiento del régimen de incompatibilidades,
en 2014 se incoaron otros 38 expedientes, mientras que este año todavía no se
ha formalizado ninguno, según los datos facilitados por la Junta. En total, los
253 citados anteriormente correspondientes a los dos últimos años.
De los 215 expedientes
abiertos en 2013, un total 86 se resolvieron con sanciones a los médicos
investigados y 129 se encuentran actualmente en instrucción, según
explicó el SAS. Los de 2014 están todavía abiertos. La Junta subraya que los 86
casos sancionados en los últimos dos años sólo suponen el 0,6% del total de los
médicos que trabajan en el SAS.
Críticas sindicales
El Sindicato Médico se
ha mostrado muy crítico con estos expedientes porque Andalucía es una de las
pocas comunidades del país donde la Administración paga un plus a los
facultativos que ejercen solamente en la pública.
De esta forma, hay médicos
del SAS que trabajan las mismas horas que sus compañeros, con el mismo horario,
pero ganan 750 euros menos al mes, al compatibilizar su puesto con otro en
la privada.
«Chirría bastante que
trabajen lo mismo, pero uno gane menos que otro por la actividad que puedan
desarrollar fuera de su jornada laboral en el SAS», afirmaron las fuentes del
Sindicato Médico de Sevilla consultadas por este diario, que, sin embargo,
insistieron en que hay que cumplir la ley y pedir el correspondiente permiso
para trabajar en la pública y la privada.
El incumplimiento de
las normas sobre incompatibilidades está tipificado como falta disciplinaria
grave o muy grave, en función de la continuidad en la situación de
incumplimiento, según el artículo 72 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Sin embargo, aunque se
trate de una ley de ámbito nacional, no se encuentran en igualdad de
condiciones un médico andaluz que quiera ejercer en la pública y la privada con
otro facultativo que quiera simultanear en otra comunidad autónoma.
Tan sólo Andalucía,
Asturias y Galicia mantienen este contrato de exclusividad, en virtud del
cual abonan pluses económicos a los médicos que sólo ejercen en la pública. Si
un profesional quiere trabajar también en la privada, debe pedir el permiso
correspondiente y deja de percibir el complemento de 750 euros brutos
mensuales.
En cambio, un médico
de Madrid, Cataluña u otra comunidad que no sea Andalucía Asturias o Galicia
podría ejercer en la pública y la privada sin perder ni un euro de su sueldo.
Tan sólo tendría que solicitar la autorización.
Como consecuencia de
los recortes salariales y de las contrataciones precarias que hace el
SAS al 75% o menos a los médicos eventuales, algunos profesionales se han visto
forzados a trabajar también en la privada, detalló el Sindicato Médico.
Falta muy grave
Sin embargo, este
sindicato aconseja a los facultativos regularizar siempre la situación porque
las sanciones a las que se exponen podrían llegar hasta los seis años de
suspensión de empleo y sueldo si se tipifica como falta muy grave.
Los casos que conoce
el Sindicato Médico, no obstante, se han calificado como falta grave, con una
sanción de un mes de empleo y sueldo. En muchos casos, los profesionales
expedientados llegaron a acuerdos con el SAS e ingresaron las cantidades
cobradas indebidamente.
Cada año, el plan de
inspecciones de la Consejería de Salud, que dirige el consejero Aquilino
Alonso, establece como objetivo anual garantizar el cumplimiento por parte de
los profesionales de la normativa sobre incompatibilidades. «Se trata de una
obligación de la Administración sanitaria velar por el cumplimiento de dicha
normativa», indicaron fuentes de Salud.
Si la inspección
detecta alguna situación que pudiera ser susceptible de autorización previa
de compatibilidad, se traslada acta de inspección a la Dirección General de
Profesionales que, tras su análisis y valoración, traslada a la dirección del
centro donde trabaja el profesional para que nombre a un instructor, explicó
Salud.
Cuando se nombra, se
comprueban los datos y se verifica si efectivamente se ha producido una
irregularidad. Si la hubiera, se determina propuesta de sanción.
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