lunes, 20 de febrero de 2017

"Los médicos actúan como si el intrusismo no fuera con ellos"

Redacción Médica, 17 de Febrero, revista digital.

Los Afectados de Intrusismo Médico Sanitario critican la desvinculación de estos sanitarios en los proyectos conjuntos.

 Los médicos se 'desmarcan' de la lucha común sanitaria contra el instrusismo sanitario. Al menos, así lo considera la presidenta de la asociación Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (Aims), María Esther Fontán, quien ha asegurado que “los médicos actúan como si el intrusismo no fuera con ellos y, por lo tanto, emplean sus propios mecanismos sin tomar en consideración al resto de los profesionales sanitarios”. Una tendencia que, en menor medida, también se replica por parte de los enfermeros, quienes “quizá no tienen problemas tan serios en este tema, pero que se ven salpicados en el día a día”, precisa.

Las diferencias entre las estrategias sanitarias hace que desde Aims aseguren que “estamos en un punto de inflexión donde tenemos que tomar una decisión firme sobre si merece la pena, o no, seguir peleando juntos contra el instrusismo o si cada uno seguirá su propio camino”, indica la presidenta de la institución. No obstante, recuerda que un trabajo en conjunto será favorable para un sector sanitario con competencias mejor definidas y un paciente que dispone de los mejores profesionales para ofrecerle un servicio personalizado.

Aunque Fontán adelanta que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, está dispuesta a recibir a una comisión para medir el impacto del intrusismo en el sector y su alcance, lamenta que no todos los representantes políticos muestren el mismo interés. “Al evento se han invitado a representantes de Podemos, quienes aseguraron que tienen su propia agenda y no están interesados en ninguna otra que se escape de sus planes, un planteamiento similar al ocurrido con Ciudadanos”:

Detectives contra el instrusismo

La lucha contra el instrusismo tiene muchas formas. Yolanda Marcén Román, vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, ha asegurado que se han implementado incluso el uso de detectives privados para la demostración legal de que un centro está ofreciendo un conjunto de servicios sanitarios que, en la realidad, no cumplen con la titulación oficial y que, en la mayoría de los casos, están llevados a cabo a través de masajistas. Una técnica que, habitualmente, va de la mano con un anuncio al propio centro y a los representantes sanitarios regionales, donde el objetivo es frenar la práctica antes de llegar a los tribunales.

Ante la necesidad de acudir a prácticas tan ingeniosas, Marcén denuncia la falta de regulación y de medios para combatir el intrusismo, “no solo dentro del sector sanitario, sino en todas las áreas profesionales. No podemos pasar por alto que, tradicionalmente, se regula más a los profesionales del mundo sanitario, pero no se delimitan las competencias de otras áreas, lo que evitaría problemas en las fronteras de actividades”.



Otra de las fórmulas para hacer frente al intrusismo son “las campañas para informar al ciudadano sobre la necesidad de solicitar la titulación oficial al profesional que te atiende, así como recordar que no existen los tratamientos milagrosos que ofrecen resultados casi inmediatos, ya que lo más seguro es que se esté poniendo en peligro el estado de salud”, indica Rocío Práxedes, secretaria del Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España. En este sentido, recuerda que, ante la falta de recursos, hay que aprender a hacer más con menos.

“Contamos con mucho material sobre buenas prácticas, deontología, y ética que puede llevarse a las manos de los colegiados. Asimismo, tenemos que tener la capacidad de aplicar los protocolos que ya existen y que son empleados en otras autonomías o regiones”, apunta. De ahí que también ponga de relieve la necesidad de la lucha conjunta, “donde el apoyo con los colegios de otras profesiones nos podrán ayudar a frenar el intrusismo entre los profesionales sanitarios”.



Miedo a denunciar

Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Intrusismo del Consejo General de Odontólogos, asegura que “estamos indefensos ante la publicidad engañosa”, por lo que considera necesaria una “mayor regulación autonómica que se cumpla por igual, ya que existen algunas comunidades donde es muy fácil saltarse la normativa, como es el caso de Andalucía Murcia, Aragón, Navarra y País Vasco. A esto se suma el miedo que existe por parte de los profesionales sanitarios a la denuncia.

“Tenemos muchos casos en los que, a pesar de que se conoce un caso de intrusismo, no se atreven a denunciar los compañeros sanitarios para evitar un proceso legal, así como perder un día de consulta para acudir a un juzgado. Esto dificulta en gran medida conocer y combatir la adquisición de competencias ajenas”, precisa Rodríguez.

Por su parte, Antonio Clemente, secretario de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de Logopedas, también ha puesto la lupa en las empresas que ofrecen formación especializada, pero no la oferta al profesional indicado por la ley. Es decir, “hay cursos y eventos que, aunque abordan las competencias de la logopedia, están promovidas para otros grupos, lo que obliga a que tengamos que intevenir para solicitar un cambio en la oferta o en el programa. Algo que hemos logrado más de una vez”, apunta. No obstante, considera que, si no se cambian las condiciones actuales, “no será fácil cambiar esta tendencia que cada vez gana más territorio en los procesos sanitarios”.

En búsqueda de un cambio contundente, Borja Pérez, miembro de la Comisión de Intrusismo del Consejo General de Colegios Oficiales de Podologos de España, aboga por un proyecto común por todos los profesionales sanitarios. Aunque las comeptencias están bien diseñadas y definidas, aún quedan por hacer una legislación más contundente contra el intrusismo. No es posible que una persona que, después de 20 años como intrusista, solo tenga que pagar una multa de unos 4.000 o 6.000 euros”. En esta línea, denuncia una falta de actividad inspectora y sancionadora por parte de la administración, así como la dificultad para localizar testigos y falta de acciones globales y protocolos unificados.









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